BUENOS AIRES (AP) — Uruguay anunció el miércoles que habilitará el acceso irrestricto a archivos oficiales con información sobre detenidos desaparecidos de la dictadura militar que gobernó el país entre 1973 y 1985, con el fin de facilitar su localización.
La medida surge de un convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y permitirá a los investigadores consultar archivos que hasta ahora permanecían restringidos.
El MEC proveerá “acceso irrestricto” a archivos “que pudieren ser relevantes, a juicio de la INHDDHH”, según un comunicado del MEC.
La presidenta de la INDDHH, Mariana Mota, consideró que este acuerdo representa “un cambio sustantivo” en el acceso a los archivos, ya que los investigadores tendrán acceso directo a ellos, sin pasar por un sistema ni por personas intermediarias.
“Los investigadores también podrán acceder a otros archivos relacionados que surjan de la investigación, lo que permitirá un acceso amplio a los documentos que se encuentran bajo la órbita de estas dependencias del Ministerio”, aseguró Mota.
Durante la dictadura militar uruguaya, 197 personas fueron detenidas y desaparecidas, según la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia. La mayoría de los casos se registró en el marco de la Operación Cóndor, el plan de coordinación represiva entre dictaduras sudamericanas que, bajo la doctrina anticomunista y con apoyo de Estados Unidos, persiguió y eliminó a opositores políticos.
Hasta el momento, los restos de ocho personas han sido hallados en Uruguay.
En 2024, Uruguay confirmó que los restos hallados el año anterior correspondían a Amelia Sanjurjo Casal, militante del Partido Comunista desaparecida en 1977, y que fueron localizados en el Batallón de Infantería Paracaidista Nº 14. Meses después, en el mismo predio, se encontraron los restos de otro sindicalista comunista, Luis Eduardo Arigón Castel.
El ministro de Educación y Cultura de Uruguay, José Carlos Mahía, informó durante la firma del convenio que se designará a un funcionario para supervisar su cumplimiento y que los investigadores tendrán acceso directo a datos digitalizados.
“El convenio abarca años que forman parte de nuestra historia reciente y que exigen una respuesta del Estado”, dijo Mahía. Añadió que el acuerdo supone un esfuerzo de cooperación, transparencia y compromiso democrático, “con la convicción de que la verdad es una tarea colectiva del Estado”.
