El acceso a la vivienda ha saltado con fuerza al debate político y se ha convertido en un tema caliente de la campaña con propuestas, contrapropuestas y dardos entre los partidos. Tres expertos convocados por EL PAÍS (Carme Trilla, experta en vivienda; José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra; y el sociólogo Carlos Delclós, investigador de la RMIT University y la Universidad Autónoma de Barcelona) coinciden en el diagnóstico: el alquiler es el gran problema. Pero también hay discrepancias. Por ejemplo, sobre la nueva ley de vivienda, sobre las últimas propuestas del Gobierno o sobre cómo tratar a los grandes propietarios. Trilla juzga que la futura ley nace del “dolor”, por lo que se ha politizado provocando polarización, en lo que concuerda Montalvo. Ambos echan en falta ayudas a los caseros ante insolvencias del inquilino y un consenso a largo plazo para aumentar el parque de alquiler asequible. Delclós alerta además del sobreesfuerzo que hacen los arrendatarios y reivindica el papel que en otros países ejercen los sindicatos de inquilinos. Lo que sigue es el resumen de una conversación celebrada el pasado martes, a la vez que el Consejo de Ministros aprobaba una nueva batería de medidas sobre vivienda, que se prolongó durante casi hora y media. Una muestra del apasionamiento de la charla, que inicialmente debía durar una hora y termina con una conclusión, de nuevo, coincidente: España debe destinar más recursos a las políticas de vivienda.
PSOE
El PSOE plantea crear un parque público de vivienda “realmente significativo” y mejorar el ya edificado para adecuarlo a los nuevos requisitos de eficiencia energética y aislamiento, y desarrollar otras mejoras de accesibilidad contempladas en los planes estatales de vivienda y en las nuevas leyes de calidad de la arquitectura y de rehabilitación. Los socialistas quieren promover un pacto de vivienda con todas las administraciones, reforzar el sistema de ayudas al pago y ampliar el parque de alquiler (“el parque público debe ser completamente destinado a alquiler”, recoge el programa). Ese parque se nutrirá preferentemente de viviendas ya construidas repartidas en todo el territorio y adquiridas por compra pública. El PSOE pretende facilitar que se transformen “suelos improductivos urbanos” en viviendas, además de movilizar con medidas fiscales viviendas deshabitadas. Mencionan también protocolos de intervención pública para buscar alternativas a quienes se enfrentan a perder su casa. Entre otras de las numerosas medidas que menciona el programa, el PSOE señala que será imprescindible establecer las reservas de suelo para vivienda protegida en los planes urbanísticos y reservar, en los cupos de adjudicación, un 30% para jóvenes.
PP
El PP propone un pacto de Estado en vivienda en el que participen las comunidades autónomas y los municipios para explorar conjuntamente medidas para usar racionalmente el suelo, construir viviendas en propiedad a precios más asequibles, movilizar viviendas en régimen de alquiler y rehabilitar el parque. Los populares ponen el foco en las familias vulnerables y en los sectores de población con menos recursos, pero especialmente en los jóvenes que pertenecen a estos sectores, objetivo prioritario de las políticas de alquiler (el PP se compromete a aumentar las ayudas a este respecto). Apuesta el PP por el alquiler con opción a compra en el caso de una vivienda social: plantea como posibilidad que se materialice descontando hasta el 80% de la renta mensual abonada en el momento de ejercer la compra a los 10 años. Añaden que se promocionarán cuentas de garantía hipotecaria, pasando del 80% al 95%; incentivos fiscales se dirigirán principalmente al alquiler de vivienda para jóvenes, la compra de la primera vivienda y la promoción de la rehabilitación eficiente. El PP promete reducir los impuestos y tasas sobre la promoción de nuevas viviendas protegidas, impulsar la rehabilitación y mayor disponibilidad de suelo.
VOX
El partido de extrema derecha recoge en su programa planes de rehabilitación de viviendas en las zonas que califica de “prioridad demográfica”, suprimir las plusvalías municipales y reducir el IBI. En este punto, se propone “animar a los entes locales” para que reduzcan al menos en un 50% el IBI para familias con hijos y eximir del pago a las familias numerosas.
UNIDAS PODEMOS
Podemos quiere poner en marcha un parque público de vivienda de alquiler social “que dé cobertura suficiente a todas las familias y personas de ingresos más bajos”, con prioridad a jóvenes, personas sin hogar o habitantes de infravivienda. El programa recoge modificaciones para que las administraciones compren de forma prioritaria vivienda de grandes tenedores, recargos progresivos del IBI para las viviendas vacías, sobre las que recaerá un nuevo impuesto a partir de la quinta vivienda de un mismo propietario: la tasa se empezaría a cobrar a partir de los seis meses desde n que la vivienda quede inhabitada y sería de 10 euros por metro cuadrad y año, con un recargo del 50% para las viviendas a partir de la décima y con otro aumento del 50% a partir de los dos años en que esté inhabitada cada vivienda. Podemos propone un registro público de viviendas vacías y una tasa a la venta de una vivienda, del 20% del precio de compraventa, salvo causa mayor, para las operaciones que ocurran menos de dos años después de la anterior compra, y que recaería sobre el vendedor. Un 30% de las viviendas previstas en los planes urbanísticos serán para alquiler social. También proponen construir nuevas viviendas públicas, fomentar la construcción modular para ahorrar tiempo y dinero, intervenir el mercado de los alquileres en zonas tensionadas, luchar contra los desahucios sin alternativa habitacional, tipificar el “acoso inmobiliario”, crear inmobiliarias públicas, limitar las viviendas turísticas y rehabilitar viviendas de personas de escasos recursos. Izquierda Unida coincide en buena medida con Podemos y apuesta por programas de rehabilitación y alquiler seguro y asequible para captar viviendas vacías, además de explorar “con entidades de economía social y cooperativas en el impulso de viviendas colaborativas en cesión de uso”.