Es legal, pero duele

Funeral por el militante socialista Isaías Carrasco en Mondragón (Gipuzkoa), tras su asesinato a manos de ETA en 2008.

Hay analistas políticos, policiales y periodísticos que durante décadas construyeron su supuesto prestigio en tratar de averiguar qué era lo próximo que iba a hacer la banda terrorista ETA, o por dónde iría la siguiente declaración de Arnaldo Otegi —el jefe vitalicio de su partido satélite—, y cuando este por fin hablaba, en términos tan abstrusos y vacíos como los de este sábado, sometían cada frase al microscopio y siempre encontraban trazas de alguna palabra que indujese a la esperanza, al cambio de ciclo, al debate prometedor. Luego, como de costumbre, ETA hacía lo que mejor sabía —un tiro en la nuca, un secuestro que terminaba en asesinato, una bomba en una casa cuartel que mataba a una niña de seis años que se llamaba Silvia— y, durante unos días, no demasiados, los analistas guardaban silencio y dejaban paso a los sonidos y las imágenes de la realidad: las declaraciones de condena, el llanto contenido de los familiares, las imágenes del ataúd sobre los hombros de los compañeros, las palabras —casi siempre frías, casi siempre distantes— de los curas que de mala gana oficiaban el funeral.

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Otegi acusa a las “cloacas del Estado” de orquestar una campaña contra EH Bildu

Arnaldo Otegi no ha hecho este sábado ninguna mención expresa a la polémica por los 44 condenados de ETA que van en las listas electorales de EH Bildu, pero ha dejado entrever que hay un intento de ensuciar y degradar la campaña electoral. El líder independentista ha acusado a las “cloacas del Estado y a los medios de comunicación a su servicio” de impulsar “una contracampaña bien orquestada y bien planificada” contra la coalición abertzale. “Todo vale contra nuestro proyecto político”, ha dicho en un mitin celebrado este mediodía en Bilbao.

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Ione Belarra: “Voy a trabajar hasta el último minuto para que haya un acuerdo con Sumar”

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra (Pamplona, 35 años), recibe a EL PAÍS en su despacho la mañana del viernes, recién estrenada la campaña electoral en el barrio obrero de Orcasitas, en Madrid. Contesta a todo relajada, pese al ritmo que impone la carrera hacia el 28-M y el momento crucial que atraviesa el espacio a la izquierda del PSOE. Habla de vivienda, de Yolanda Díaz, Pablo Iglesias, Podemos y el Gobierno de coalición.

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Yolanda Díaz se desvive por Colau y sitúa Cataluña como la pieza clave para derrotar a Feijóo

“Barcelona tiene que nacer muchas veces y para eso necesitamos que Ada Colau continúe siendo alcaldesa”, reclama la vicepresidenta Leer

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La hija de una víctima de ETA, sobre la asesina de su padre que concurre en las listas de Bildu: “No puede representar a ningún ciudadano”

Vista del pueblo de Errezil, en Gipuzkoa.

A finales de los años setenta, Eva Larrañaga y Begoña Uzkudun eran casi vecinas, vivían a solo 14 kilómetros de distancia. Hoy las separa un mundo. Eva es hija de José Txiki Larrañaga, a quien ETA asesinó el día de Nochevieja de 1984 en Azkoitia (Gipuzkoa). Begoña militaba entonces en la banda terrorista y fue la que avisó al comando que cometió el atentado mortal. Una se quedó sin padre; la otra pasó casi 18 años en la cárcel por cometer este y otros delitos graves. Sus vidas se reencuentran cuatro décadas después. Los familiares de la víctima han conocido ahora que Uzkudun se presenta en la lista de EH Bildu al Ayuntamiento de Errezil y acabará siendo concejal con toda seguridad. Eva se rebela con dolor contra esta realidad: “Begoña podrá llevar la vida que le plazca, pero nunca puede representar a ningún ciudadano”, afirma en un escrito enviado a este diario.

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Vista del pueblo de Errezil, en Gipuzkoa.

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Una madre denuncia a su marido por retener contra su voluntad a sus tres hijos menores en Mali

La mujer, que vive en Zaragoza, ha solicitado ayuda a Exteriores y al Defensor del Pueblo para recuperar a los pequeños, nacidos y escolarizados en la capital aragonesa Leer

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Los expertos en vivienda lo tienen claro: sobra polarización y faltan recursos para el alquiler

Carlos Delclós (izquierda), Carme Trilla y José García Montalvo, el pasado martes en Barcelona.

El acceso a la vivienda ha saltado con fuerza al debate político y se ha convertido en un tema caliente de la campaña con propuestas, contrapropuestas y dardos entre los partidos. Tres expertos convocados por EL PAÍS (Carme Trilla, experta en vivienda; José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra; y el sociólogo Carlos Delclós, investigador de la RMIT University y la Universidad Autónoma de Barcelona) coinciden en el diagnóstico: el alquiler es el gran problema. Pero también hay discrepancias. Por ejemplo, sobre la nueva ley de vivienda, sobre las últimas propuestas del Gobierno o sobre cómo tratar a los grandes propietarios. Trilla juzga que la futura ley nace del “dolor”, por lo que se ha politizado provocando polarización, en lo que concuerda Montalvo. Ambos echan en falta ayudas a los caseros ante insolvencias del inquilino y un consenso a largo plazo para aumentar el parque de alquiler asequible. Delclós alerta además del sobreesfuerzo que hacen los arrendatarios y reivindica el papel que en otros países ejercen los sindicatos de inquilinos. Lo que sigue es el resumen de una conversación celebrada el pasado martes, a la vez que el Consejo de Ministros aprobaba una nueva batería de medidas sobre vivienda, que se prolongó durante casi hora y media. Una muestra del apasionamiento de la charla, que inicialmente debía durar una hora y termina con una conclusión, de nuevo, coincidente: España debe destinar más recursos a las políticas de vivienda.

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Vista aérea de un barrio residencial en Sevilla.

PSOE

El PSOE plantea crear un parque público de vivienda “realmente significativo” y mejorar el ya edificado para adecuarlo a los nuevos requisitos de eficiencia energética y aislamiento, y desarrollar otras mejoras de accesibilidad contempladas en los planes estatales de vivienda y en las nuevas leyes de calidad de la arquitectura y de rehabilitación. Los socialistas quieren promover un pacto de vivienda con todas las administraciones, reforzar el sistema de ayudas al pago y ampliar el parque de alquiler (“el parque público debe ser completamente destinado a alquiler”, recoge el programa). Ese parque se nutrirá preferentemente de viviendas ya construidas repartidas en todo el territorio y adquiridas por compra pública. El PSOE pretende facilitar que se transformen “suelos improductivos urbanos” en viviendas, además de movilizar con medidas fiscales viviendas deshabitadas. Mencionan también protocolos de intervención pública para buscar alternativas a quienes se enfrentan a perder su casa. Entre otras de las numerosas medidas que menciona el programa, el PSOE señala que será imprescindible establecer las reservas de suelo para vivienda protegida en los planes urbanísticos y reservar, en los cupos de adjudicación, un 30% para jóvenes.

PP

El PP propone un pacto de Estado en vivienda en el que participen las comunidades autónomas y los municipios para explorar conjuntamente medidas para usar racionalmente el suelo, construir viviendas en propiedad a precios más asequibles, movilizar viviendas en régimen de alquiler y rehabilitar el parque. Los populares ponen el foco en las familias vulnerables y en los sectores de población con menos recursos, pero especialmente en los jóvenes que pertenecen a estos sectores, objetivo prioritario de las políticas de alquiler (el PP se compromete a aumentar las ayudas a este respecto). Apuesta el PP por el alquiler con opción a compra en el caso de una vivienda social: plantea como posibilidad que se materialice descontando hasta el 80% de la renta mensual abonada en el momento de ejercer la compra a los 10 años. Añaden que se promocionarán cuentas de garantía hipotecaria, pasando del 80% al 95%; incentivos fiscales se dirigirán principalmente al alquiler de vivienda para jóvenes, la compra de la primera vivienda y la promoción de la rehabilitación eficiente. El PP promete reducir los impuestos y tasas sobre la promoción de nuevas viviendas protegidas, impulsar la rehabilitación y mayor disponibilidad de suelo.

VOX

El partido de extrema derecha recoge en su programa planes de rehabilitación de viviendas en las zonas que califica de “prioridad demográfica”, suprimir las plusvalías municipales y reducir el IBI. En este punto, se propone “animar a los entes locales” para que reduzcan al menos en un 50% el IBI para familias con hijos y eximir del pago a las familias numerosas.

UNIDAS PODEMOS

Podemos quiere poner en marcha un parque público de vivienda de alquiler social “que dé cobertura suficiente a todas las familias y personas de ingresos más bajos”, con prioridad a jóvenes, personas sin hogar o habitantes de infravivienda. El programa recoge modificaciones para que las administraciones compren de forma prioritaria vivienda de grandes tenedores, recargos progresivos del IBI para las viviendas vacías, sobre las que recaerá un nuevo impuesto a partir de la quinta vivienda de un mismo propietario: la tasa se empezaría a cobrar a partir de los seis meses desde n que la vivienda quede inhabitada y sería de 10 euros por metro cuadrad y año, con un recargo del 50% para las viviendas a partir de la décima y con otro aumento del 50% a partir de los dos años en que esté inhabitada cada vivienda. Podemos propone un registro público de viviendas vacías y una tasa a la venta de una vivienda, del 20% del precio de compraventa, salvo causa mayor, para las operaciones que ocurran menos de dos años después de la anterior compra, y que recaería sobre el vendedor. Un 30% de las viviendas previstas en los planes urbanísticos serán para alquiler social. También proponen construir nuevas viviendas públicas, fomentar la construcción modular para ahorrar tiempo y dinero, intervenir el mercado de los alquileres en zonas tensionadas, luchar contra los desahucios sin alternativa habitacional, tipificar el “acoso inmobiliario”, crear inmobiliarias públicas, limitar las viviendas turísticas y rehabilitar viviendas de personas de escasos recursos. Izquierda Unida coincide en buena medida con Podemos y apuesta por programas de rehabilitación y alquiler seguro y asequible para captar viviendas vacías, además de explorar “con entidades de economía social y cooperativas en el impulso de viviendas colaborativas en cesión de uso”.

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Investigan a tres familiares por la sustracción de un menor en Tenerife

Se acusa a la madre y los abuelos maternos del niño de un presunto delito de sustracción de menores Leer

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Ni Sánchez ni Feijóo, la hora de la política más cercana

Alberto Núñez Feijóo (a la izquierda), en un mitin el sábado en Getafe (Madrid), y Pedro Sánchez, en otro en Sevilla.

En 1931, unas elecciones municipales terminaron provocando que España pasase de Monarquía a República. En 2023, eso no sería posible, pero los municipios, como las comunidades autónomas, atesoran competencias con un gran impacto en la calidad de vida de sus vecinos. El discurso público de la precampaña y la campaña electoral ha reducido el 28-M a una especie de plebiscito sobre Pedro Sánchez, una suerte de encuesta previa al plato fuerte: las generales. Pero los 36,585 millones de electores convocados a las urnas en 14 días no están ensayando. Elegirán los gobiernos de 12 comunidades autónomas y 8.131 ayuntamientos. Es decir, según la Constitución y los respectivos estatutos de autonomía, un modelo de gestión de la sanidad, de la educación pública, los servicios sociales, la cultura, el deporte y el ocio, la protección del medio ambiente… Es el voto que decide el día a día, en qué gastan su tiempo los ciudadanos: cuánto tardan en llegar al trabajo desde casa (por el tráfico, por el lugar donde han podido permitirse una vivienda); cuánto en obtener una cita médica…

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Lluvia, tormentas y oleaje ponen hoy en riesgo a nueve provincias

Las temperaturas bajarán en el sur peninsular Leer

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